La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) endurece para este 2023 sus medidas recaudatorias. El plan de actuación para el presente año se presenta mucho más activo en lo referente al pago de compromisos fiscales, y es que como ha sido anunciado, se va a potenciar las actuaciones de embargo sobre los activos financieros en criptomonedas y monedas virtuales.
La medida no ha cogido por sorpresa y ya desde hace tiempo Hacienda venía echando el ojo a los criptoactivos como elementos patrimoniales que también debían tributar. Ahora la Agencia Tributaria va más allá y podrá embargarlos como bienes cuando exista una deuda fiscal.
La medida ya es una realidad
A fecha de 27 de febrero el plan de acción ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) bajo el marco de Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2023 y como iniciativa propulsada por el Área de Recaudación de la Agencia Tributaria. La nueva medida recaudatoria ya es una realidad.
En su escrito, el BOE recoge que durante el año 2023 “se potenciarán las actuaciones de localización de nuevos bienes susceptibles de actuaciones de embargo, con especial enfoque hacia los criptoactivos y monedas virtuales” en el momento que exista algún compromiso fiscal que pagar.
Desde Hacienda se señala que esto no es algo nuevo y es que ya en alguna ocasión se han realizado embargos de criptoactivos para atender a deudas fiscales, pero ahora será algo general y útil cuando sea necesario.
¿Cómo se realizará el embargo?
Ante la pregunta de cómo la Agencia Tributaria procederá al embargo de un elemento criptoactivo, desde Hacienda se ha aclarado que el hecho embargado es una cartera de valores. En otras palabras, se embargará un monedero de criptoactivos. La AEAT solicitará a las plataformas de intercambio las claves de custodia de las monedas virtuales y ordenará el congelamiento de ese monedero, evitando de esta manera que se continúen haciendo operaciones con ellas.
Después de frenar las transacciones será cuando Hacienda solicite la liquidación por el total a embargar, traspasando esa cuantía al Ministerio de Hacienda en euros, la cual dependerá de la cotización que tengan en el momento las criptomonedas en nuestro país.
El plan de actuación de Hacienda incluye propulsar de nuevo las visitas presenciales de los inspectores que se habían visto frenados tras la pandemia. Así en el BOE se recoge al respecto que: “Tras el parón de la pandemia se reforzarán los planes destinados a potenciar la presencia en la calle del personal de Inspección. Se trata de recobrar la actividad en las tradicionales visitas que se vienen efectuando por la Agencia Tributaria desde hace muchos años, y que se suelen denominar como peinados fiscales”.
Las visitas de los inspectores tienen la finalidad de obtener información, comprobar su fiabilidad y la calidad de ésta, actualizarla y detectar comportamientos irregulares en materia de facturación. Desde el Boletín Oficial del Estado se especifica que las inspecciones se dirigirán a diferentes sectores pero que se hará hincapié en el sector de la construcción inmobiliaria, sobre todo en el referido a la rehabilitación y las reformas.
El auge de la economía digital
Hacienda también se adapta a los nuevos tiempos, y ante el apogeo de estos nuevos activos entre los ciudadanos españoles el control sobre ellos se antoja obligado. La realidad es que el crecimiento de las operaciones con monedas virtuales ha crecido considerablemente, tal que en 2022 la Agencia Tributaria realizó 233.000 avisos a contribuyentes, frente a los 14.800 del año anterior, que poseían alguna moneda virtual y que debían incluir en su declaración de la Renta.
Las medidas que llevará acabo la Agencia Tributaria tienen el fin último de detectar la economía sumergida y casos de elusión fiscal que se dan sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.
El plan de actuación va más allá de la simple recaudación, y es que la Agencia Tributaria, mediante la actuación del Servicio de Vigilancia Aduanera, lo que pretende es una investigación para conocer el uso de las criptomonedas en la economía digital, para así detectar parte del patrimonio que pueda estar vinculado con actividades criminales.
