Bitcoin ha convertido en el estandarte de las criptomonedas. El oro digital ha remodelado el panorama de los inversores y supone una oportunidad en las finanzas. Pero ¿cómo será su futuro en España?
Recientemente, cuando la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) autorizó la comercialización de los fondos de inversión cotizados en bolsa (ETF) vinculados al Bitcoin, los expertos vislumbraron un cambio significativo para la criptomoneda más conocida. Esta aprobación marcó un paso hacia la institucionalización del Bitcoin como activo y marcó el inicio de su aceptación en los círculos financieros tradicionales. Este desarrollo impulsó su valor, que ahora ronda los 60.000 dólares.
«Las noticias que respaldan las criptomonedas tienen un efecto positivo en su valor», señala Benja Anglès Juanpere, profesor de Derecho Financiero y Tributario de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. «El valor de las monedas digitales, especialmente el bitcoin, se determina por las transacciones diarias, por lo que son altamente sensibles a los anuncios o decisiones relacionadas», añade.
Además, al ser un activo no respaldado por ningún estado o institución financiera, cualquier reconocimiento adicional de las criptomonedas o su comparación con otros activos legalmente reconocidos aumenta la confianza de los inversores. Esto se traduce en más órdenes de compra y, por ende, un aumento en su valor de mercado.
Sin embargo, el Bitcoin también tiene un lado negativo: su alta volatilidad. «Es crucial que los usuarios estén bien informados y comprendan las reglas del mercado de este activo digital», advierte Anglès. «Aunque las ganancias pueden ser significativas, las pérdidas también pueden ser considerables e impredecibles».
¿Qué nos depara en España?
La decisión de Wall Street abre nuevas posibilidades en Europa y en España. Por ejemplo, los bancos españoles podrían ofrecer la opción de invertir en estos fondos estadounidenses. Anglès explica que, siendo una economía global y un activo tecnológico, será factible invertir en fondos que incluyan monedas digitales. Sin embargo, dada su alta volatilidad y riesgo, será necesario reforzar la información proporcionada a los clientes potenciales.
«Si bien no es ilegal invertir en criptomonedas, es crucial que los usuarios comprendan bien dónde están invirtiendo su dinero», añade el profesor de la UOC. «Deberán ser conscientes de las posibilidades de ganar o perder grandes sumas de dinero, que son significativas e impredecibles».
El nuevo papel de las plataformas
Se esperan cambios en las plataformas de intermediación, conocidas como casas de cambio en línea (exchanges). Según Víctor García Font, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, a medida que el bitcoin y otras criptomonedas se institucionalicen, estas plataformas deberán cumplir con más requisitos.
«Estas plataformas, que inicialmente eran simples páginas web de intercambio entre usuarios, ahora se asemejan más a bancos», explica García Font. «Esto significa que están sujetas a mayores regulaciones, como el conocimiento del cliente (KYC), para prevenir actividades ilícitas».
Además del intercambio de criptomonedas entre usuarios, estas plataformas están ofreciendo cada vez más servicios similares a los bancos, como depósitos que generan intereses fijos o variables.
Nuevas obligaciones fiscales
Un informe reciente indica que alrededor del 5 % de los españoles posee criptomonedas. Desde el 1 de enero de este año, están obligados a informar a la Agencia Tributaria sobre sus tenencias en criptomonedas. Esta es una de las novedades fiscales relacionadas con el oro digital.
«Hasta la aprobación del Real Decreto 249/2023, las principales obligaciones fiscales eran declarar las ganancias anuales por la compraventa de criptomonedas y el saldo total en euros a fines de año», explica Anglès. «Sin embargo, ahora tanto las entidades que brindan servicios de custodia como los propietarios de criptomonedas deben comunicar anualmente a Hacienda la información sobre sus actividades y saldos».
Esta medida busca reforzar el control tributario sobre los titulares de criptomonedas, dada la dificultad de supervisar actividades realizadas electrónicamente que pueden afectar a otras jurisdicciones.
